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El Supremo envía a Forcadell a prisión con una fianza de 150.000 euros

08/11/2017 20:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

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El juez de la sala segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido enviar a la presidenta del Parlament Carme Forcadell a prisión, con la posibilidad de que salga de prisión si reúne 150.000 euros. Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, y Ana Simó quedan en libertad y deberán pagar 25.000 euros antes de una semana para eludir la prisión.

En el caso de que consigan reunir esas cantidades, el juez les prohibe salir del territorio nacional, les retira el pasaporte y les obliga a comparecer cada semana en el juzgado. Joan Josep Nuet es el único que queda en libertad sin medidas cautelares.

En las declaraciones de los seis acusados de rebelión han participado cuatro fiscales. Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno se han ido turnando para interrogar a los seis miembros de la Mesa. Al término, han reclamado la prisión incondicional para Forcadell, Guinó, Simó y Corominas, una fianza de 50.000 para Barrufet y la libertad para Nuet.

El juez ha estimado en parte las explicaciones de Forcadell, la primera declarar y quien ha marcado la estrategia que han seguido sus compañeros en la Mesa del Parlament: ha acatado la aplicación del artículo 155 y ha reconocido que, conforme a la "legalidad vigente", es "evidente" que Parlament está disuelto.

La presidenta del Parlament añadido además que la declaración unilateral de independencia de Catalunya era "declarativa y simbólica", sin efectos jurídicos. No todos han usado las mismas palabras, pero sí han coincidido en darle valor político y restarle trascendencia jurídica a la DUI.

Forcadell lideró todas las fases de la independencia

En el auto de prisión, el juez señala que Forcadell "ostentó primero la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió, una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza". Después pasó a la presidencia del Parlament, desde donde "aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba".

Forcadell ejerció su "liderazgo" en cada una de las fases del proceso, ejerciendo un papel "que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes".

El juez también repasa los argumentos de la Fiscalía sobre las movilizaciones violentas. "Los promotores de la independencia podrían haberse servido de estos puntuales focos violentos, y de una movilización decida y pacífica mucho mayor, para exhibir los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social", escribe el juez.

Sin embargo, el juez asume que sus actuaciones puede que no constituyesen un delito de rebelión, como sostiene el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Según escribe, los hechos podrían "integrar figuras delictivas de menor rigor punitivo que el delito de rebelión", penado con hasta 30 años de cárcel. Sigue así la línea marcada por los magistrados del Supremo que admitieron la querella, que plantearon la posibilidad de que fuese tan solo un delito de conspiración para la sedición.

Renuncian a la vía unilateral

Lluís Corominas, Anna Simó y Lluís Guinó han continuado con la estrategia conjunta para restar valor jurídico a la declaración del 27 de octubre. Barrufet se ha alejado de la estrategia y ha admitido que el referéndum del 1-O no tuvo garantías. Además, ha rechazado la vía unilateral para la independencia un objetivo, ha dicho, que solo se puede alcanzar mediante pactos.

En un último intento por sumarse a la vía de Barrufet y evitar la prisión incondicional, Corominas y Ginó han renunciado expresamente a la vía unilateral para proclamar la independencia de Catalunya. En otras palabras, han renunciado a continuar con la actividad delictiva, con la confianza en que ese rechazo al proceso soberanistas sirviese para rebajar sus medidas cautelares.

Es más, el juez señala en su auto que los querellados han aceptado Todos los querellados, no solo han asumido el 155, sino que han manifestado que unos directamente han renunciando a la actividad política futura, mientras que los que seguirán en política han asegurado en el Supremo que "lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Por su parte, Joan Josep Nuet, el último en declarar, ha tratado de convencer al juez de que en ningún caso facilitó la tramitación de las leyes que han servido para dotar de un armazón legal al referéndum del 1-O. Su línea de defensa ha convencido a la Fiscalía y al propio Llarena, que le ha dejado en libertad sin medidas cautelares.

Una jornada tranquila a las puertas del Supremo

La jornada había comenzado temprano otro jueves más para los miembros de la Mesa. Todos llegaron en furgonetas de Cabify poco antes de las 9:30, la hora en la que estaban citados en el Tribunal Supremo en pleno centro de Madrid. El festivo local, día de la Almudena, o la proliferación de citaciones ante la Justicia de los dirigentes independentistas o la suma de ambas cosas propició que esta vez fuesen menos los espontáneos con banderas españolas que recibieron a la comitiva del Parlament.

Hubo gritos "catalanidad es hispanidad", "todos al trullo", y algunos insultos algo más severos. La policía retiró a los manifestantes, que no llegaban a la docena, del trozo de calle reservado a medios de comunicación. Así que el ruido se lo quedó el colectivo de perjudicados Afinsa y Fórum Filatélico que aprovecharon la concentración de cámaras para intentar llamar la atención de la prensa.

Tampoco el grupo de independentistas no imputados fue muy numeroso a las puertas del Supremo. Según avanzaban las horas, el cuadrante vallado por los agentes para contener a los manifestantes se fue vaciando.

A la salida, una vez conocido el auto, un grupo de simpatizantes independentistas saludaron la libertad de sus compañeros con gritos de "no estáis solos" y otros más tímidos de "independencia". Fueron solo unos minutos de abrazos y saludos. Luego (metemos los nombres) se metieron en la furgoneta y salieron a disfrutar de su libertad provisional. A partir de mañana deberán reunir 25.000 euros cada uno para seguir fuera y, si es el caso, para hacer campaña electoral.


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