El juicio contra 14 personas acusadas de contrabandear 700 kilos de cocaína y detenidas hace dos años en República Dominicana, entre ellas dos pilotos franceses, fue suspendido este lunes en su inicio luego de que un fiscal recusara a los jueces por supuesta parcialidad en favor de los acusados.

"Esa actitud del representante del Ministerio Público es temeraria, violenta y hasta irrespetuosa y ahora deja en una situación difícil a nuestros defendidos, que ven retardada su estadía en este país y la posibilidad de demostrar su inocencia", dijo a la AFP María Elena Gratereaux, defensora de los pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Odos.

Los pilotos Odos y Fauret, el pasajero Pasapia y el tripulante Alain Castany, todos de nacionalidad francesa, permanecen en libertad pero con impedimento de salida del país y con presentación periódica ante un juez, mientras se espera una decisión judicial.

"Se trata de una estrategia del Ministerio Público para (...) meter miedo, porque no tienen absolutamente nada contra nuestros defendidos", comentó a la AFP Andy de León, abogado del pasajero del avión incautado Nicolas Pasapia.

El fiscal Milcíades Guzmán recusó a los jueces porque solicitaron que la acusación se limitara a la operación frustada por organismos antidrogas el 19 de marzo de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este) y obviara referirse a tres contrabandos anteriores atribuidos a una banda que supuestamente integran los cuatro franceses.

"Nosotros podemos decirlo con propiedad, tenemos sobradas pruebas de que esos cuatro ciudadanos saben perfectamente a lo que vinieron a República Dominicana, que vinieron a cargar 700 kilos de cocaína y que eso es narcotráfico internacional y que no era la primera vez que lo hacían", declaró Guzmán a la prensa al salir de la audiencia.

En el juicio preliminar quedó establecido que el tribunal sólo conocería las pruebas que tiene el Ministerio Público con respecto a las 26 maletas cargadas a bordo de la nave Falcon 50, que conservan las autoridades.

Ante la decisión, Guzmán acusó a los jueces de "parcialidad absoluta a favor de una de las partes".

La presidenta del tribunal, Giselle Méndez, rechazó la recusación "por ser carente de fundamento y de base legal" y en términos similares se expresaron los otros dos magistrados, Felipe Molina y Delio Guzmán, pero el procedimiento indica que al ser recusados los tres la decisión le corresponde a la Corte de Apelación.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo envió el recurso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, órgano que podrá decidir si asigna nuevos jueces u ordena continuar con los actuales el juicio, que estaba previsto a cumplirse en cinco audiencias consecutivas.