El activista mexicano Gustavo Castro, quien presenció el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, denunció a Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por retenerlo en el país tras resultar herido en el ataque, informó este lunes.

En una conferencia de prensa realizada en la oficinas de Amnistía Internacional en México, Castro dijo que presentó dos recursos legales contra el gobierno hondureño. "Uno de ellos es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro es una demanda ante la jueza que llevó mi caso cuando estuve retenido allí en Honduras".

Los abogados Miguel Ángel de los Santos, en México, y Edy Tábora, en Honduras, explicaron en un comunicado que la denuncia contra el Estado de Honduras se presentó porque la fiscalía y un tribunal "violentaron los derechos humanos de Castro al retenerlo inconstitucionalmente y resolver de manera negativa el recurso de exhibición personal" presentado por sus representantes.

Castro intentó salir de Honduras el 4 de marzo de 2016, un día después del asesinato de Cáceres, pero fue detenido por las autoridades migratorias en el aeropuerto de Tegucigalpa y trasladado a la embajada de México para ser sometido a interrogatorios durante varias semanas, antes de permitirle viajar a su país.

Castro resultó levemente herido de bala cuando se encontraba en la casa de la ambientalista, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el día que fue asesinada por unos pistoleros que entraron al inmueble en La Esperanza, la madrugada del 3 de marzo pasado.

Siete personas están detenidas como autores materiales del crimen, incluyendo un hondureño que fue capturado en México el pasado viernes y que este lunes rindió declaración en un juzgado de Tegucigalpa.

Entre los detenidos está también un empleado de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) una empresa que había amenazado de muerte a Cáceres por impedir mediante movilizaciones de indígenas lencas la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque en esa zona.

Cáceres tenía medidas cautelares de la CIDH ante esas amenazas.

"Ya van siete personas, entre ellas el gerente de la empresa hidroeléctrica, que contrata a un militar - el militar también contrata a otro ex-militar que al mismo tiempo contrata a los sicarios que operativizan el asesinato. Sin embargo consideramos que no están las lineas de investigación orientadas a la estructura que mandó a la ejecución del crimen", según el comunicado difundido por los abogados de Castro.

Tábora y De los Santos abogaron por que las autoridades hondureñas también busquen a los autores intelectuales el asesinato de la ambientalista.

"Creemos que los autores intelectuales son personas de mucho poder económico y poder político?, dijo finalmente Gustavo Castro.