La clase obrera del Ecuador gritó ayer 17 de julio,   en las calles de Quito: “¡Reelección no!”,   “¡Huelga general!” y dio muestras de una disposición a la lucha, como la que se había manifestado ya en la marcha del pasado Primero de Mayo. El temor, que se decía cundía en los trabajadores, sobre todo del sector público, parece haberse desvanecido, pues así lo evidencian los miles de trabajadores del Consejo Provincial de Pichincha que estuvieron hoy agitando banderas, exhibiendo carteles y gritando consignas contra el régimen, pese a que el prefecto, Gustavo Baroja, es uno de los miembros del Buró Político de Alianza País.

La movilización, que comenzó con una concentración en el parque El Arbolito, desde las 09h00, congregó a miles de trabajadores de los consejos provinciales del país, y a dirigentes de las centrales sindicales que forman parte del Frente Unitario de Trabajadores: UGTE, CEOLS, CTE CEDOCUT. El propósito: expresar su rechazo al paquete de “enmiendas” a la Constitución que el bloque de Alianza País presentó a la Corte Constitucional; en particular a las que reforman los artículos 229 y 326 de la Constitución, y que según los trabajadores, atentan contra sus derechos, pues dejan fuera del régimen laboral y, consecuentemente de sus protecciones, a los trabajadores del sector público, que constituyen el 80% de los trabajadores sindicalizados del Ecuador.

La primera acción de la marcha fue presentar, en Comisión General, ante los jueces de la Corte Constitucional, un alegato con respecto a estos temas, así como a la forma en que se pretende llevar adelante las supuestas “enmiendas”, que en realidad, según dijeron, son reformas que afectan a la estructura del Estado y que deben ser sometidas a consulta popular y hasta a una nueva Asamblea Constituyente.

Después de una larga espera, los jueces: María del Carmen Maldonado, Alfredo Ruiz, Antonio Gagliardo y la presidenta encargada, Wendy Molina, recibieron el documento y escucharon a los dirigentes que, entre otras cosas, plantearon su queja por las políticas gubernamentales que han dejado, desde el 2012, a más de 21 mil trabajadores en la desocupación, por la aplicación de figuras como la “renuncia obligatoria”, que como dijo Miguel García, hasta resulta una contradicción semántica, por lo absurda que es. En el sector público son alrededor de 600 mil trabajadores, que verían afectados sus derechos no solo con las enmiendas constitucionales sino también con el nuevo Código del Trabajo que ha anunciado el gobierno. “Las organizaciones sindicales hemos presentado una propuesta de Código del Trabajo, que no ha sido tomada en cuenta por el gobierno, pues éste se ha dedicado únicamente a insultar y desprestigiar al movimiento de los trabajadores del país”, dijo José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

“No vamos a caer en la provocación, porque eso tratan de hacer ”, dijo luego Tatamuez

Mientras los dirigentes esperaban ser atendidos, un incidente que indignó a los dirigentes e incluso a los periodistas presentes, sucedió con un reportero de TC Televisión, que durante las declaraciones de Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, le dijo: ¿Y usted, conoce el Código del Trabajo propuesto por el gobierno o solo le contaron? El dirigente le respondió: “Usted en un trabajador de TC Televisión, y si por eso le mandaron a preguntar algo así, debería negarse a hacerlo”, luego de lo cual se escucharon las expresiones de rechazo de los presentes, ante el reportero del canal incautado por el gobierno.

“Yo no iba a caer en la provocación, porque eso trataba de hacer ese señor, lograr alguna reacción violenta para luego decir: ‘ahí están los tirapiedras, que no tienen propuestas”, dijo luego Tatamuez.

Luego de salir de la Corte Constitucional, la marcha se dirigió hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde se auto convocaron para las 16h00, en lo que será la segunda parte de esta jornada que muchos califican como exitosa.