Impeachment -destitución- no es una palabra que se utilice a la ligera en Washington, pero ahora se se está empleando en el Congreso. 

La acusación es que se asegura que Donald Trump ha obstaculizado la labor de la justicia intentando ahogar las investigaciones sobre los vínculos de su acuerdo con Rusia para ganar las elecciones destituyendo al jefe del FBI, James Comey. Estas acusaciones se han intensificado en las últimas horas. 

A los legisladores de los dos partidos mayoritarios de EE.UU-, les preocupa la decisión de Trump de destituir a Comey y el hecho de que reconociera que estaba pensando en "el asunto de Rusia" cuando tomó esa decisión. 

El documento del ex-director del FBI, James Comey, con acusaciones contra Trump, asegura que el presidente le pidió efectivamente, que cerrara la investigación de su consejero de seguridad nacional Michael Flynn,  sobre las conexiones del presidente con el Kremlin. 

La obstrucción a la justicia es un asunto que ya ha salpicado a algunos presidentes de EEUU: tanto Richard Nixon como Bill Clinton se enfrentaron a este cargo. Por ahora se desconoce si hay posibilidades reales de destituir a Trump o si el presidente se percatará de la gravedad de la situación y podrá demostrar su inocencia. 

A los legisladores de ambos partidos les preocupa el hecho de que Trump reconozca que estaba pensando en "el asunto de Rusia" cuando dio el paso de decidir la destitución de Comey y si además se confirma que el presidente pidió realmente a Comey que frenara la investigación de Flynn sobre sus vínculos con Rusia. Entonces, Trump podría ser acusado de entorpecer las investigaciones y de infringir una ley federal. 

Se desconoce si la supuesta petición de Trump a Comey- que niega la Casa Blanca- se consideraría obstrucción a la justicia. Hay que saber cómo ocurrió. En cualquier caso, muchos expertos cuestionan que un presidente pueda ser procesado por un delito, mientras ocupa el cargo. 

Justin Amash, congresista republicano por Michigan cree que las acusaciones que pesan sobre Trump podrían ser motivo suficiente para un impeachment. 

¿Pero cómo se procesa a un presiente?-esa es  la pregunta. Hay dos formas de destituir al presidente. Una es a través de la Enmienda 25 a la Constitución, introducida en 1967, que permite su destitución si se considera que el  presidente es incapaz de desempeñar las obligaciones de su cargo. 

Pero la otra opción, más realista, es recurrir a un impeachment, una falta grave a los deberes presidenciales (una traición), opción que tendría que aprobarse en la Cámara de Representantes y en el Senado, por una mayoría de dos tercios, tras demostrarse la autenticidad de los cargos. 

En 1998 se intentó expulsar a Clinton de la Casa Blanca por intentar ocultar su relación con Monica Lewinsky, pero el proceso no prosperó porque fue rechazado en el Senado. En cuanto a Nixon, este decidió presentar él mismo su dimisión antes de ser destituido por el escándalo del Watergate.

Por ahora solo un congresista republicano, Justin Amash, de Michigan, se ha mostrado abierto a la posibilidad de apoyar un proceso de destitución de Trump si se demuestra que presionó a Comey para poner fin a la investigación sobre Flynn. 

Ahora, es Robert Mueller, ex director del FBI, el responsable de investigar los vínculos de la campaña de Trump con Rusia. El FBI, que también investigaba el asunto, ahora carece de director, desde la repentina destitución de Comey. 

Los personajes clave en este momento son del partido republicano, dado que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, y las posibilidades de que el Congreso se pronuncie en contra del presidente dependerán de cómo los republicanos interpreten la respuesta del electorado ante los escándalos de Trump. Entre los políticos clave de la Cámara están su portavoz, Paul Ryan, que ahora se muestra a favor de que las grabaciones y comunicados entre el presidente y Comey se entreguen al comité que los investiga, y Kevin McCarthy, un estrecho aliado de Trump. 

En el senado, destacan Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana y Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado que estudia el asunto de la conexión Rusia. 

Hasta la fecha, la mayoría de los republicanos han evitado oponerse abiertamente al presidente y a su legión de seguidores. Así las cosas, los analistas de momento no confían en el éxito de un impeachment, a menos que los demócratas ganen el control del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura de 2018. 

En cualquier caso, un número cada vez mayor de republicanos piensa que ignorar el escándalo es insostenible. John McCain, el senador republicano por Arizona asegura que los problemas en los que está inmerso Trump se acercan al Watergate en tamaño e importancia. 

Si el Congreso opta al final por la vía del impeachment, la situación de EEUU se volvería más vulnerable. Laurence Tribe, ex consejero de Barack Obama, cree que los millones de votantes que apoyaron a Trump verán esto como una maniobra de los demócratas para invalidar el resultado electoral. Sin embargo, Tribe cree que Trump ha violado el juramento que hizo al asumir la presidencia.

Ahora habrá que ver si los republicanos del Congreso se detienen a echar una ojeada a los negocios no políticos sino económicos del presidente Trump. Porque está de lleno metido con su yerno Jared Kushner, en negocios millonarios con los chinos, cosa que hasta ahora no se sabía o muy poco.

Pero gracias al excelente trabajo de dos periodistas de Bloomberg, David Kocieniewski y Caleb Melby, ahora sabemos que una importante firma china de servicios financieros podría invertir 4, 000 millones  de dólares en un rascacielos de Manhattan que es propiedad de la familia del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Y que la familia de Kushner podría embolsarse unos 500 millones con esa transacción. 

Todo tipo de extras adornan esta posible operación, que está siendo difundida para atraer más inversiones. Sería la mayor inversión –de la historia- en un solo edificio de Manhattan. 

Trump se cree todopoderoso pero como el presidente Nixon en su día, tiene los pies de barro

Parte de la deuda de la familia Kushner por la propiedad quedaría saldada por aproximadamente un quinto de su valor. Los Kushner se convertirían en socios capitalistas de la firma china, Anbang Insurance Group. 

Lo más favorable para los Kushner sería que la transacción rescataría a la compañía de la familia, de las consecuencias de pagar un precio excesivo por el edificio, que está ubicado en el 666 de la Quinta Avenida y fue adquirido en el 2007 por 1, 800 millones. 

También absorbería a otro destacado partidario de Trump que invirtió en el edificio, Steve Roth de Vornado Realty, por diez veces la inversión original. 

“Convertiría en socios a Kushner Cos. y Anbang, cuyos dudosos lazos con la estructura de poder china han suscitado preocupación por la seguridad nacional debido a sus inversiones en Estados Unidos”, afirmaron Kocieniewski y Melby. 

Ese comentario se vuelve aún más mordaz por el hecho de que Trump y el presidente de China, Xi Jinping, han analizado los términos de una posible cumbre diplomática que podría tener lugar próximamente. 

Jared Kushner, que, según la familia Kushner ya le había vendido su participación en 666 de la Quinta Avenida (aunque no está claro cuándo), es un importante asesor de la Casa Blanca cuya competencia incluye la política exterior. 

The New York Times informó en enero que Kushner estuvo al frente de las conversaciones con Anbang sobre una inversión en el negocio de su familia, en una cena con el presidente directivo de Anbang, Wu Xiaohui, para hablar de la transacción, aproximadamente una semana después que su suegro fuera elegido presidente y que las conversaciones habían empezado cuando Trump ya se había asegurado la candidatura del Partido Republicano. 

“Una forma clásica de influir en las personas es ayudar financieramente a su familia”, dijo un defensor del interés público a los periodistas de Bloomberg con respecto al acuerdo con Anbang.¡Obvio! Así es como funciona la cosa. 

Y en eso reside el problema: si algo hemos aprendido sobre Trump en la caótica carrera presidencial, es que todo su clan pondrá a prueba nuestra capacidad de asombro, disgusto e incluso indignación en lo que se refiere a conflictos de intereses financieros. 

Después de todo, la presidencia de Trump todavía está en pañales y el volumen de los conflictos flagrantes que ya han surgido podría causar “fatiga por los escándalos” en todo aquel que valore –del modo más apartidario y no ideológico- la ética y el buen gobierno. 

Esto es aún más cierto cuando los defensores del buen gobierno se encuentran ante un Congreso controlado por los republicanos que en gran medida se contenta con quedarse de brazos cruzados cuando los conflictos financieros de la familia Trump salen a la luz. 

Los Trump reaccionan en esos momentos recordándonos a todos que deberíamos confiar en ellos, aun cuando se burlen de las tradiciones de la Casa Blanca destinadas a garantizar que la Oficina Oval no se convierta en un lugar donde se mezclen la política pública y los negocios privados. 

El acuerdo de los Kushner con Anbang llega inmediatamente después de la noticia de que la compañía de Trump hace poco recibió docenas de aprobaciones de marca del gobierno chino después de hacer lobby por las mismas marcas sin éxito durante alrededor de una década.

No está claro si los registros de marca le fueron otorgados a cambio del reconocimiento público de Trump de la soberanía china sobre Taiwán. 

Pero dado que Trump no ha cortado verdaderamente los lazos con la Trump Organization, todavía no ha dado a conocer sus declaraciones de impuestos y aún no ha revelado el total de sus activos, siempre existirá la presunción de que recibe un tratamiento preferencial de los gobiernos extranjeros que tratan de caerle bien. 

El periodista de Bloomberg View, Adam Minter piensa que el gobierno chino no le concedió las licencias de marcas para tratar de sobornar a Trump, sino para protegerlo a él y protegerse a sí mismo de las consecuencias relacionadas con el robo de la marca Trump en China, algo que a los funcionarios chinos probablemente no les preocupó hasta que Trump llegó a la presidencia. 

Pero sea cual sea el punto de vista del gobierno chino, el otorgamiento de los registros de marca fue beneficioso para los negocios de Trump. A los ojos de algunos expertos en derecho, el simple hecho de que Trump aceptara las marcas es una violación de la prohibición constitucional de que los presidentes reciban pagos de cualquier índole de gobiernos extranjeros. 

“Si la marca tiene valor en contribuir a la riqueza de Trump, el monto de los emolumentos prohibidos podría no ser calculable antes de que se haya cerrado la transacción, pero la prohibición constitucional no se basa en lo grande que resulte ser el emolumento”, escribió en un correo electrónico Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de Harvard. “Lo que importa es el principio de la cosa, no la magnitud del capital”. 

Entretanto, se prevé que Xi será agasajado en Mar-a-Lago, el club de golf de Trump en Florida, si viaja a los Estados Unidos para una reunión cumbre, un gusto que también pudo darse el primer ministro japonés, Shinzo Abe (aun cuando Trump parecía estar usando a Abe como herramienta de marketing para conseguir miembros para el centro vacacional). 

En medio de todo esto, los Trump casi no se molestan en ocultar su amalgama de política y búsqueda de ganancias… hasta ahora sin sufrir ninguna consecuencia política o legal. 

Quizá confíen en la fatiga pública de los escándalos. Esta es la Casa Blanca de Trump, parecen decir Trump y sus hijos. No hay nada que ver aquí. Sigan su camino.